mejorando la imagen

¿Es posible un desarrollo inmobiliario responsable? Es una de las tareas pendientes de la industria respectiva.
(artículo de Sebastián Gray, publicado el domingo 7 de enero en El Mercurio)

Las grandes empresas inmobiliarias están preocupadas. No es que les vaya mal en el negocio; al contrario: el rubro de la construcción es uno de los más pujantes del país, y sus utilidades -aunque se mantienen en secreto- son realmente muy jugosas. Pero las empresas advierten la negativa percepción que de ellas tiene la ciudadanía, y no es para menos. Desde hace dos décadas, son ellas quienes lideran la especulación del valor del suelo para vivienda, a menudo mediante infames presiones a pequeños propietarios; casi sin excepción la calidad constructiva y arquitectónica de lo ofrecido se ve reducida a los mínimos estándares, cuando no francamente insuficiente, y en general dichas empresas no demuestran la menor consideración medioambiental ni respecto del entorno urbano donde emplazan sus proyectos. Lo que la ciudadanía ve, a simple vista, es un puñado de grandes empresas que hacen el mejor negocio posible dentro de los amplios márgenes de la ley, siempre a expensas de las aspiraciones de un comprador más bien ingenuo, inexorablemente demoliendo una ciudad, que era buena, para reemplazarla por otra, que sospechamos no muy prometedora. Pero no hay nada de malo en hacer un buen negocio y, ante la indiferencia empresarial frente a planteamientos de calidad arquitectónica y urbanismo, no cabe duda que es el marco legal el responsable de la ciudad que hoy se levanta. Son las normas vigentes, generalmente dictadas a nivel gubernamental, las que permiten la excesiva densificación de buenos barrios residenciales, los pobres estándares espaciales y constructivos, la escasa consideración del espacio público. Los municipios no lo hacen mejor: los alcaldes brillan por su ignorancia en temas urbanísticos y por la exclusión de la comunidad en la toma de decisiones; muchos se derriten en la ambición de recolectar más y mayores impuestos territoriales -un sesgado concepto de desarrollo- al precio de destruir precisamente lo que están encargados de preservar.

En la ausencia de un marco legal inteligente y visionario, las empresas inmobiliarias se preguntan cómo mejorar su imagen, y la respuesta, por lo tanto, radica en las iniciativas de responsabilidad y autorregulación que el propio sector esté voluntariamente dispuesto a generar. Si queremos ponernos a la altura del mundo civilizado, el primer cambio fundamental es la inclusión organizada de la comunidad en procesos de diseño, cuya condición más obvia es la completa y oportuna información del proyecto propuesto. En otras grandes ciudades del mundo, la aprobación de un proyecto inmobiliario es un proceso tripartito (comunidad, autoridad local e inversionista) en que se debaten insospechadas transacciones que casi siempre redundan en un mejor resultado para todos. Un elemento clave en estas transacciones es la posibilidad de establecer compensaciones a la comunidad (buen espacio público, equipamiento vecinal, etc.) a cambio de concesiones normativas. En segundo lugar, ¡ya es hora de que las empresas inmobiliarias consideren la buena arquitectura como un valor agregado al producto final, y no como un lujo suntuario! Es cosa de hojear los panfletos sabatinos para advertir cómo se repite ad nauseam una cierta fórmula de diseño y materiales, resultado no de una exploración singular, sino del mero análisis comercial de una rentabilidad inmediata, donde el arquitecto no pasa de ser un simple peón a sueldo. Ausentes quedan de estos proyectos toda innovación programática, la buena composición plástica, las insoslayables soluciones de sustentabilidad que hoy interesan a todo el planeta y que, creemos, harían una gran diferencia para el prospectivo comprador. Curiosamente, cuando un arquitecto de renombre produce una nueva imagen exitosa, recién entonces ésta es adoptada sin reservas como tendencia por toda la industria. Igual cosa con los estándares espaciales y constructivos; es la industria la que debe proponer el tabique más sólido posible, la mejor altura interior, las instalaciones más resistentes y seguras, en lugar de frívolas terminaciones hechas sólo como un guiño al bolsillo. Por último, si la industria realmente quiere hacer un aporte responsable a la transformación de nuestras ciudades como compensación por sus pingües ganancias, que haga entonces lo que el Estado no ha sido capaz de hacer: que promueva el estudio y el debate, que involucre a la opinión pública, que explore en profundidad las alternativas normativas que permitirían, junto con hacer buen negocio, soñar con la ilusión de una ciudad verdaderamente buena y bella, a ver si es posible.